En 1938, el conflicto laboral entre el sindicato petrolero y las empresas llegó a su clímax. Tras el rechazo de las empresas a cumplir con las demandas de mejores salarios que había dictaminado la Junta de Conciliación y Arbitraje, el presidente Cárdenas firmó el 18 de marzo un decreto en el que ordenó la expropiación petrolera. Así otorgó al Estado el control directo y legal sobre instalaciones, equipos, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y todos los bienes muebles e inmuebles de las empresas petroleras extranjeras.

Los gobiernos de Washington y de Londres reaccionaron de manera opuesta frente a la expropiación. El inglés Neville Chamberlain fue intransigente y exigió la restitución de sus bienes a la Mexican Eagle. Con el fin de defender a esta compañía, el Foreign Office demandó la cancelación del decreto de expropiación, para así no perder su principal fuente de ingresos en México.

Washington fue más tolerante. Mientras que los ingleses reclamaban la restitución de los bienes expropiados, el gobierno estadounidense aceptó la expropiación, exigiendo solamente el reembolso de los bienes confiscados.

Estados Unidos vio en la expropiación una medida positiva porque debilitaba los intereses de Inglaterra, su mayor competidor en la escena mexicana. De igual forma, Washington evitó ser demasiado duro para no desestabilizar a México o provocar un golpe de Estado que llevara al poder a un grupo favorable a los nazis.
La discrepancia entre las dos potencias impidió una acción conjunta de Londres y Washington, limitando la capacidad de presión sobre el gobierno mexicano. Además, la compleja situación internacional, con el riesgo de un conflicto en Europa debido a la expansión nazi en Austria, así como las guerras sino-japonesa y en España, imposibilitaba la intervención militar de las potencias inglesa y estadunidense.

La ruptura diplomática con Inglaterra y la dificultad para llegar a un acuerdo con las compañías estadounidenses a través de las negociaciones entre Cárdenas y Donald Richberg, abogado de la Standard Oil, impidieron las ventas a Inglaterra y Estados Unidos.

Cárdenas anunció desde un principio su voluntad de vender petróleo a las democracias; sin embargo, por la negativa de éstas, México no tuvo otra opción que vender su combustible a las naciones del Eje, como Alemania. El comercio mexicano con los países del Eje fue sobre todo a base de trueque, y así México pudo adquirir una parte de la maquinaria necesaria así como barcos petroleros con Italia.

En este ámbito, William Davis, agente financiero estadounidense, fue clave para exportar hacia Europa. Países como Brasil o Uruguay también importaron petróleo. La ruptura de las relaciones anglo-mexicanas “quitó los últimos escrúpulos que el gobierno federal podía tener en vender petróleo a los países fascistas”.

La aparente contradicción entre un gobierno que rechazaba las acciones militares germanas por un lado, y vendía petróleo -esencial para mantener funcionando la maquinaria militar y con ella los planes de guerra- por el otro, fue percibida por la administración cardenista, la cual fracasó en sus intentos de convencer a los países democráticos de que abrieran sus mercados al petróleo mexicano.

Alemania, por su parte, también debió justificar frente a la opinión pública el nuevo tratado con un país al que durante años había acusado de «bolchevizante» y «marxista».

El Observador, órgano del Ministerio de Propaganda del Reich, declaró que no había nada anormal en las compras de petróleo mexicano, que el Reich procuraba hacer negocios «donde quiera que se presenten» y que la forma de gobierno de sus socios comerciales no tenía injerencia en cuestiones políticas de Alemania, como lo probaba el caso de México, cuya forma de gobierno no coincidía con la de Berlín.

Sin embargo, el comienzo de la guerra cambiaría el escenario internacional de forma drástica, y a pesar de que Alemania adquiría en 1939 aproximadamente dos tercios de todo el petróleo mexicano exportado,las relaciones económicas germano-mexicanas comenzaron a deteriorarse de manera significativa a partir del comienzo del conflicto armado.

México continuó vendiendo su petróleo a Alemania hasta que el desencadenamiento de la guerra y el bloqueo que estableció Gran Bretaña en el Atlántico impidieron a los buques petroleros continuar con sus actividades.

Las embarcaciones destinadas a puertos neutrales fueron incautadas por los ingleses, quienes argumentaban, con razón, que el petróleo en realidad estaba dirigido a los nazis.

Durante los primeros meses de 1940 fueron embarcadas algunas toneladas de petróleo mexicano en buques japoneses a través del Pacífico, las cuales eran descargadas en Vladivostok, para ser enviadas desde allí a territorio alemán en el ferrocarril transiberiano.

Sin embargo, para septiembre de ese año las relaciones entre Japón y Estados Unidos se habían deteriorado considerablemente, y los esfuerzos por evadir el bloqueo en el Atlántico no fueron bien vistos por los Estados Unidos.

Ello, junto con el cambio de actitud en el gobierno estadounidense a partir del comienzo de la guerra, que lo llevó a calificar la actitud de las empresas petroleras de «antinacionalista» y a presionarlas para llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano, ocasionó que la venta del petróleo mexicano se redirigiera nuevamente a ese mercado.

Debido a la Segunda Guerra Mundial, Washington presionó a las compañías para encontrar una solución. La Sinclair aceptó la indemnización propuesta por México en mayo de 1940 y gracias a ello se interrumpió el boicot.

La compensación para las compañías estadounidenses se acordó en 1942 con un pago en plazos de alrededor de 30 millones de dólares. En cuanto a los ingleses, no se llegó a un acuerdo sino hasta 1947.

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